Este proyecto busca reducir drásticamente el desecho de alimentos sin consumir para evitar que acaben en la basura. ¿Qué implica esta nueva ley?
El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente el proyecto de Ley
Esta normativa de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario busca reducir drásticamente el desecho de alimentos sin consumir que acaba en la basura y fomentar su mejor aprovechamiento.
El proyecto, impulsado por el Ministerio de Agricultura, tiene como fin reducir el desperdicio de alimentos. De esta manera, promover la venta de productos "feos, imperfectos o poco estéticos".
Así, el objetivo de esta iniciativa es fomentar la economía circular y la justicia social, al igual que el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles.
Sólo en los hogares del país se tiran anualmente a la basura 1.364 millones de kilos de alimentos
Una media de 31 kilos/litros por persona en 2020. En otras palabras, "tres de cada cuatro hogares españoles desperdician comida", aseguran.
El desperdicio de alimentos es una problemática a nivel mundial. Según expertos, las frutas y verduras son el grupo de alimentos que más se desperdician. De hecho, es casi la mitad de su producción, el 46% para ser más precisos, aquello que no llega a consumirse.
Esto representa pérdidas de dinero para los consumidores y genera un grave daño ambiental, producto de los gases de efecto invernadero.
¿QUÉ IMPLICA LA LEY DE PREVENCIÓN DE LAS PÉRDIDAS Y EL DESPERDICIO ALIMENTARIO?
La primera ley española contra el desperdicio de alimentos busca establecer un modelo de buenas prácticas para evitar el desperdicio de alimentos, con actuaciones en toda la cadena alimentaria.
La normativa indica que todos los agentes incluidos en dicha cadena deben contar con un plan de prevención para evitar que los alimentos acaben desechándose. Para lograrlo, se promoverá la donación a empresas sin ánimo de lucro o a bancos de alimentos.
Para lograrlo, las industrias alimentarias, comercios y establecimientos relacionados a la gastronomía deberán suscribir convenios con dichas organizaciones en los que se debe indicar específicamente las condiciones de recogida, almacenamiento y transporte y la selección de alimentos, entre otros aspectos.
Los alimentos a donar deberán tener suficiente vida útil de almacenamiento para hacer posible su distribución y uso seguro a sus destinatarios finales. Por otra parte, los alimentos no vendidos pero que estén en condiciones óptimas de consumo deberán ser transformados, por ejemplo, en mermeladas o jugos.
Cuando, en su defecto, no sean aptos para el consumo humano, deberán ser utilizados como subproductos para alimentar animales, para la industria, obtener compost de calidad para uso agrario u obtención de biogás, entre otros fines.